Cuatro distritos grandes, cuatro peleas con la Nación por fondos y cuatro candidatos a la sucesión. Ese es el panorama que subyace detrás de las disputas de Cristina Kirchner con Mauricio Macri, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota y Antonio Bonfatti.
Si bien esas pulseadas se dan por separado y con matices lo cierto es que los gobernantes de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe —los distritos electorales más importantes del país— ya entablaron una red de contactos para acordonar un mensaje común contra la centralización del poder.
Ante este panorama, algunos alfiles kirchneristas se preparan para intensificar en los próximos meses el debate por una reforma constitucional con el objetivo de que no quede debilitado el poder de la Presidenta frente a la imposibilidad de ser reelecta. "Hay que enjuiciar a la Constitución del 94 para ver si funcionó o no. Por ejemplo si funcionaron las instituciones del Consejo de la Magistratura o del jefe de Gabinete", adelantó un arquitecto jurídico del oficialismo a este columnista.
Córdoba y Santa Fe
El que tomó la lanza fue De la Sota. Decidido a jugar fuerte, el mandatario cordobés entabló varios reclamos judiciales y públicos y se ocupó de establecer contacto con Scioli, Bonfatti y Macri. En esos intercambios se acordó una suerte de cobertura política frente a las distintas peleas con la Nación. De la Sota no oculta su intención de posicionarse para la sucesión presidencial en 2015 y en simultáneo procura mostrar coraje político. Si bien tiene en Scioli y Macri a probables rivales, su primera pulseada es con la Casa Rosada.
El año próximo presentará en las elecciones de medio término una lista propia a diputados nacionales por Córdoba encabezada por su antecesor, Juan Schiaretti, mientras que el kirchnerismo armaría otra con la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto. La Provincia presentará esta semana ante la Corte Suprema una medida cautelar para que la Nación le pague en forma inmediata 1.040 millones de pesos que le reclamó ante el tribunal por haber incumplido un acuerdo de 2009 por fondos previsionales. Además, el miércoles la Legislatura cordobesa revertirá el convenio firmado en 1992 con la Nación, por el cual le retiene 15% de Coparticipación para solventar el desactivado sistema de las AFJP.
Por vía y tono diferentes, el gobernador santafesino, Antonio Bonfatti intimó a la Anses por una deuda de 1.307 millones de pesos, correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, pero no descartó recurrir a la Corte. A este reclamo se suma otro que se tramita ante la Corte por la "detracción" de ese 15% de la masa coparticipable desde 2005, fecha desde la que Santa Fe no adhiere al Pacto Fiscal de 1994 que recortaba ese porcentaje. Bonfatti estimó la deuda total en 8.000 millones de pesos.
Necesitado de fondos, el Gobernador evita una fractura con la Casa Rosada, pero su antecesor y titular del Partido Socialista, Hermes Binner, acentúa su perfil opositor y el año próximo competirá por una banca en la Cámara de Diputados nacional con el fin de posicionarse para la presidencial de 2015.
Buenos Aires
Con las encuestas de su lado y las finanzas del otro, Scioli espera encarrilar su gestión sin nuevos sobresaltos y en principio apuesta a recomponer su relación con Cristina Kirchner. No obstante, intensificó diálogos con otros gobernadores del PJ, como De la Sota o el sanjuanino José Luis Gioja, habilitó una construcción política propia y no descarta adelantar al año próximo una fractura de hecho con el kirchnerismo.
Scioli acaba de conseguir fondos con la colocación de deuda por un monto 881.600 millones de pesos. Sus allegados consideran que con ese dinero y algunos recortes en áreas de la Educación, se garantizaría el pago de salarios y aguinaldos del sector público hasta fin de año, sin necesidad de auxilio de la Nación.
La preocupación para el sciolismo está basada ahora en otras dos cuestiones que pueden abrirle frentes con el kirchnerismo y la oposición en la provincia: la designación del nuevo fiscal de Estado y el informe de la denominada Comisión Candela. El reemplazante del recientemente fallecido fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski, requerirá del acuerdo del Senado provincial, que preside el vicegobernador Gabriel Mariotto. Es un cargo muy sensible y Scioli quiere un acuerdo de Cristina Kirchner para su candidato.
Por otra parte, se espera para dentro de veinte días el dictamen final del trabajo de la Comisión de Investigación y Acompañamiento del Caso Candela en el Senado provincial, que citó para el martes próximo al jefe de la Policía, Hugo Matzkin. Hay preocupación en el círculo íntimo del Gobernador respecto a cómo se evaluará el desempeño de la policía provincial y de su conducción liderada por el ministro Ricardo Casal.
Ciudad
El paro de subterráneos del fin de semana puso nuevamente sobre el tapete el frustrado traspaso del servicio de la Nación a la Ciudad, que acarrea costos políticos a ambas administraciones. Según dijeron fuentes de las dos jurisdicciones en la última semana se reactivaron la conversaciones por el traspaso, a través de los ministros de Transporte nacional, Florencio Randazzo, y de Gobierno porteño, Emilio Monzó, pero prima la desconfianza y el acuerdo no aparece aún en el horizonte.
El jefe de Gobierno es el más reacio al traspaso. Quiere que la Nación le asegure una inversión de mil millones de dólares, más la posibilidad de endeudarse y la liberación de vagones para reemplazar a los históricos de la Línea A. La Nación estaría dispuesta a aceptar los últimos dos puntos, pero al mismo tiempo presiona a Macri con la posibilidad de que caiga el contrato de la concesionaria Metrovías, lo que según su visión, dejaría el servicio de hecho en manos de la Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Macri sabe que su futuro político —en parte— está atado al éxito de estas cruzadas.
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